- Se aprobaron dos resoluciones que consideran “intolerable” que la región registrara en 2022 “el peor año de la última década” en siniestralidad laboral
El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, se ha clausurado el viernes, con la aprobación de dos resoluciones que consideran “intolerable” que la región registrara en 2022 “el peor año de la última década” en siniestralidad laboral y que exigen que se reabran las investigaciones sobre las más de 34.000 muertes en las residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid, 370 de ellas en centros cántabros.
En la primera de las dos resoluciones mencionadas y aprobadas por el pleno del máximo órgano entre congresos del sindicato, UGT considera “intolerable” que en 2022 se hayan registrado en Cantabria más de 8.500 accidentes de trabajo, un 60% más que el año anterior; y que de todos esos siniestros, 12 fueran mortales y 37 graves, lo que implica que “más de medio centenar de familias trabajadoras han sufrido directamente la pérdidas irremediables en sus vidas de una u otra manera”.
La resolución planteada por el departamento de Salud Laboral de UGT, aclara que estas cifras confirman que 2022 “fue el peor año de la última década” y descarta vincular este notable incremento de la siniestralidad laboral de la región, y especialmente en el sector servicios, al Covid porque “sólo está detrás del 40% de la accidentalidad de este sector y únicamente en los casos leves”.
“Es evidente que las condiciones de trabajo y la falta de medidas preventivas al respecto matan y no son palabras, son hechos”, prosigue la resolución, que critica que “evidentemente no se está prevención, lo que se está haciendo en las empresas, con el consentimiento de la Administración, es un lavado de cara, un guardar las apariencias, a lo que se une una falta de inversión pese a que se sigue fomentando una línea de ayudas para ello”.
UGT-Salud Laboral recuerda en la resolución las medidas urgentes reclamadas por el sindicato; como la publicación de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud 2023-2028, el refuerzo del departamento de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad, una mayor colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la declaración de enfermedades provocadas por el amianto o la silicosis y el refuerzo del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).
Investigación de las muertes en las residencias de mayores
Otra de las resoluciones aprobadas por el Comité Regional de UGT en Cantabria y presentada por su Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) exige reabrir la investigación de las más de 34.000 muertes, 370 de ellas en la región, de personas ingresadas en residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid.
La resolución rechaza que “casi tres años después, no se han establecido procedimientos adecuados para saber la verdad de lo ocurrido”, que “el 89% de las denuncias presentadas han sido archivadas por la Fiscalía” y que “la gran mayoría de las investigaciones las están realizando los familiares de las víctimas”.
“Tal y como ha denunciado Amnistía Internacional en España, el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido y que hasta la fecha no haya ninguna entidad o persona declarada como responsable”, subraya la resolución de los jubilados y pensionistas de UGT en Cantabria sobre los fallecimientos registrados en las residencias de mayores desde la irrupción de la pandemia del Covid.
“Se ha reconocido que muchas personas murieron abandonadas, incumpliéndose los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la vigilancia de su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas que tienen competencia de su gestión”, agrega el documento, que no admite que “se consideren estas muertes como inevitables” y precisa que “morir en el olvido de una habitación de una residencia de la Tercera Edad es como para exigir responsabilidades”.