- Los municipios de Ribamontán al Mar y Penagos, se enfrentan a un retraso en la constitución de sus ayuntamientos debido a la presentación de recursos judiciales por parte de algunos partidos políticos
- Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la constitución de los ayuntamientos se pospondrá hasta el 7 de julio, mientras la Justicia resuelve estos recursos
- Otros municipios, como Castro Urdiales y San Felices de Buelna, también enfrentan reclamaciones, aunque de carácter administrativo
Ribamontán al Mar y Penagos, dos municipios de Cantabria, se verán obligados a retrasar la constitución de sus ayuntamientos debido a recursos judiciales presentados por algunos partidos políticos que participaron en las elecciones del 28 de mayo. Según fuentes de los partidos consultadas por Europa Press, la constitución de los ayuntamientos no podrá tener lugar el próximo sábado 17 de junio, como estaba previsto, sino que se pospondrá hasta el 7 de julio, una vez que la Justicia resuelva los recursos.
Esto se debe a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece que las corporaciones municipales se constituyen en una sesión pública el vigésimo día después de las elecciones, a menos que se haya presentado un recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos. En tal caso, la constitución se pospone hasta el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
En Ribamontán al Mar, el Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) empataron con 5 concejales cada uno, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo un concejal. En Penagos, la lista de Unión por Penagos, encabezada por José Carlos Lavín, logró la mayoría absoluta con 7 de los 11 concejales de la Corporación, mientras que el PP obtuvo 3 concejales y el PRC uno.
Además, en otros dos municipios, Castro Urdiales y San Felices de Buelna, también se han presentado reclamaciones relacionadas con los resultados de las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, en estos casos, las reclamaciones son de carácter administrativo y no judicial, por lo que la Junta Electoral Central será la encargada de resolverlas.