La “controvertida” Ley del Suelo aprobada por el Parlamento de Cantabria en junio del presente año ha llegado a Europa de la mano de Podemos e Izquierda Unida que han presentado distintas preguntas a la Comisión Europea a través de la eurodiputada Idoia Villanueva.
Las preguntas presentadas de forma escrita, a las que tendrá que dar respuesta de la misma forma la Comisión Europea, se centran en la construcción en suelo rústico que permite la nueva ley, así como en los Planes Singulares de Interés Regional (PSIRs) que el Gobierno de Cantabria viene utilizando para realizar proyectos sin tener que respetar la calificación urbanística de los terrenos donde se asientan.
Ambas formaciones, que presentaron sus mejoras a la Ley del Suelo durante los meses de tramitación, consideran que la ley cántabra es “difícilmente compatible” con la Estrategia del Suelo Europea, la estratégica de sostenibilidad alimentaria y los objetivos de sostenibilidad climática de la UE, por lo que han preguntado a la Comisión si considera que la Ley 5/2022 es acorde a las directrices europeas.
Idoia Villanueva ha hecho especial mención a los PSIRs preguntando a la comisión si “contradicen las directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo al permitir el cambio del uso del suelo agrícola independientemente de su clasificación y calificación urbanística”. Además, ha hecho especial mención al PSIR de la Pasiega donde “se han convertido 200 hectáreas de suelo agrícola de especial protección en suelo industrial”. La eurodiputada pone en tela de juicio que este tipo de PSIRs sean acordes a la Estrategia del Suelo Europea, pero además pregunta a la comisión si vulnera la autonomía de las entidades locales al no respetar la calificación urbanística otorgada por los ayuntamientos.
Podemos e Izquierda Unida coinciden en el rechazo al modelo de ordenación territorial que está implantando el bipartito PRC – PSOE y que comparte el PP, por lo que reafirman su voluntad de seguir trabajando en iniciativas conjuntas encaminadas a lograr una gestión del territorio “acorde al siglo XXI y lejos del desarrollismo ilimitado que fomentan las políticas actuales del Gobierno de Cantabria”.
Mónica Rodero (Podemos) e Israel Ruiz Salmón (IU) se muestran “preocupados” por la última encuesta publicada por el ICANE donde se habla de una pérdida de población de aproximadamente 50.000 personas en los próximos años, y que además indica, que 82 de los 200 municipios que forman Cantabria, están afectados por la despoblación.
En este sentido, Rodero considera que “debemos fortalecer el suelo rural y no darle solo una utilidad para la gran industria, protegiendo la identidad de los pueblos de Cantabria”. Para ello, plantea “apoyar y proteger el sector primario, potenciando la transformación y los productos de consumo de proximidad, el impulso del transporte público sostenible dentro de la comunidad, una bioeconomía en el mudo rural y los sellos de calidad”.
Por su parte, Ruiz Salmón enfatiza la “necesidad” de garantizar los servicios públicos más básicos, como escuelas y consultorios rurales o el acceso a productos de farmacia o cajeros. “Son los servicios públicos y no la construcción desmedida los que fijan población”, ha sentenciado.
