- El Ejecutivo regional busca impugnar la decisión del tribunal y asegurar medidas cautelares en el caso de corrupción
El Gobierno de Cantabria ha anunciado que recurrirá el auto judicial que ha rechazado la medida cautelar solicitada para prohibir la contratación de las empresas implicadas en la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas. Según fuentes del Ejecutivo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, encargado del caso, notificó la semana pasada a las partes involucradas su decisión de desestimar esta medida.
Además del Gobierno, la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria está evaluando si se unirá al recurso. Este colectivo se encuentra personado en la causa como acusación popular, ya que intentó hacerlo como acusación particular, pero la jueza Mercedes Compostizo, a cargo del caso, lo rechazó.
Por su parte, el Ejecutivo regional se encuentra personado como afectado por la supuesta trama de corrupción que se centra en la Consejería de Obras Públicas. Es por esta razón que solicitó, como medidas cautelares, incluir a las empresas implicadas (Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad) en el proceso judicial y prohibir su contratación. En marzo, la magistrada aceptó la primera petición e incluyó a las empresas investigadas, ya que en ese momento solo figuraban como personas físicas los empresarios detenidos en febrero, junto con el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díez, considerado el presunto líder de la trama, y su esposa.
La inclusión de las empresas en el caso tenía como objetivo apartarlas de los contratos que estaban en proceso de licitación y en los cuales el jefe del Servicio de Carreteras, actualmente en prisión provisional, había participado.
El Gobierno de Cantabria considera que la prohibición de contratar a estas empresas es necesaria para preservar la integridad de los procesos y evitar posibles perjuicios económicos y daños a la Administración. Por tanto, con el recurso presentado, busca revertir la decisión del juzgado y asegurar que las empresas implicadas no puedan ser contratadas hasta que se esclarezca su participación en la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas.