- La Consejería contará con el presupuesto más alto de su historia para potenciar la coordinación en el Gobierno, más medios al servicio de la justicia y protección civil, y primar la simplificación administrativa y la trasformación digital
Los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa para 2024 ascienden a 160.208.321 euros, lo que supone 13.911.425 euros más y un 9,5 por ciento de incremento –muy por encima del crecimiento global del presupuesto regional del 1,9 por ciento-, y contará con un 44 por ciento más de fondos europeos para mejorar los medios y servicios administrativos (más de 11 millones).
La responsable de la Consejería, Isabel Urrutia, ha detallado las cuentas de su departamento, “de marcado carácter municipalista”, dado que incrementa las inversiones y fondos a los ayuntamientos. En concreto, las transferencias a los ayuntamientos crecen un 9 por ciento, hasta los 23,2 millones, casi dos millones más que en las cuentas de este año.
Así, el Fondo de Cooperación Local crece en 600.000 euros, por encima del IPC, hasta alcanzar cerca de los 18 millones de euros, y habrá cerca de un millón de euros para la transformación digital de las corporaciones locales, entre otras ayudas para mejorar los medios de seguridad y emergencias municipales.
Otra novedad en la ayuda a los ayuntamientos es la nueva partida presupuestaria para la adquisición de vehículos de uso común en los municipios en riesgo de despoblamiento, que demandan la adquisición de estos vehículos para la vida diaria del municipio (218.000 euros).
También, por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma, como ha apuntado la consejera, el presupuesto regional reconoce “la singularidad, dispersión y el concepto de alta montaña” al municipio de Tresviso, recogiendo una partida de 20.000 euros, con el fin de “ayudarles en la situación de quiebra absoluta que lo han encontrado” los nuevos responsables municipales. La consejera ha valorado que el presupuesto recoge las necesidades que requiere una consejería de “marcado” carácter transversal y de coordinación de todo el Gobierno y por primera vez en su historia recoge un programa destinado a las víctimas del terrorismo en Cantabria, por valor de 397.000 euros.