• En las denuncias figuran como víctimas de violencia de género 554 mujeres y 11 menores

• La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres en Cantabria es de 18,4, por debajo de la media nacional, de 19,8

• Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 63 órdenes de protección, el 66 por ciento de las solicitadas

• 64 mujeres decidieron no declarar en los juzgados de violencia machista contra su pareja o expareja, cifra que supone un aumento del 20,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2021

• En 15 ocasiones se acordó la suspensión del régimen de visitas, y en otras 14, la suspensión de la guarda y custodia

Los órganos judiciales de Cantabria registraron durante el tercer trimestre de 2022 un total de 579 denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del 14,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2021 y supone una media de 6 denuncias al día.

En las mismas, figuran como víctimas 554 mujeres –un 9,7 por ciento más- y 11 menores de edad, cuatro de ellos hijos de los denunciados.

La tendencia al alza observada en los principales marcadores de la violencia machista se confirma a nivel nacional, como ya ocurrió en trimestres anteriores. En el conjunto del país, el incremento de las denuncias es del 9,73 por ciento y el de víctimas, del 9,41 por ciento.

La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 18,4, frente a una media nacional de 19,8. Por encima se encuentran Baleares (35,2), Murcia (25,8) y Comunidad Valenciana (25,4). Las tasas más bajas se dieron en Asturias (12,5), Castilla y León (13) y Galicia (13,3).

De julio a septiembre, un total de 64 mujeres decidieron en Cantabria no declarar como testigo cuando comparecieron ante los juzgados de violencia sobre la mujer, un 20,8 por ciento más que las que lo hicieron un año antes (53).

Por el contrario, en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander, especializado en enjuiciar delitos de violencia machista, fueron 4 las mujeres que al ser llamadas como víctimas decidieron no declarar, frente a 13 que lo hicieron el pasado año.

Por otro lado, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron en el tercer trimestre de este año 63 órdenes de protección de las 95 que les fueron solicitadas, es decir, el 66 por ciento de las pedidas. A nivel nacional, el porcentaje de órdenes de protección adoptadas respecto a las incoadas fue del 67 por ciento.

Además, los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia -que atienden casos de este tipo por las tardes y fines de semana, cuando los de violencia de género no tienen audiencia- acordaron 23 órdenes de protección de las 39 solicitadas, el 59 por ciento.

Entre las medidas judiciales de protección adoptadas, destaca la suspensión de la guarda y custodia, acordada en 14 ocasiones –en el mismo periodo del pasado año no se acordó ninguna- y la suspensión del régimen de visitas, adoptada en 15 ocasiones –en cuatro ocasiones de julio a septiembre de 2021-.

Este incremento es consecuencia de la entrada en vigor en junio del pasado año de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que prevé la adopción de medidas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas.

Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, y que hoy se ha dado a conocer con información relativa al tercer trimestre de 2022.

131 personas condenadas por violencia de género

El informe del Observatorio revela que del 1 de julio al 30 de septiembre de este año fueron enjuiciadas en Cantabria un total de 167 personas por violencia de género, de las 131 obtuvieron sentencia condenatoria (el 78,44 por ciento).

Por tipo de órgano judicial, los de violencia sobre la mujer –que son los que se encargan de instruir las causas y celebrar juicio por delitos leves- enjuiciaron a 81 hombres y 2 mujeres; y condenaron a 79 de ellos y a las 2 mujeres –bien por los citados delitos leves o bien porque reconocieron los hechos en la comparecencia previa al juicio rápido-. Estas cifras representan un porcentaje de condenas del 97,6 por ciento.

En el Juzgado de lo Penal nº 5 –el encargado de enjuiciar los delitos de violencia sobre la mujer menos graves- fueron enjuiciados 84 hombres, de los que 50 resultaron condenados, con un porcentaje de condenas del 59,5 por ciento.

En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial –sala que enjuicia los delitos más graves- no se celebró ningún un juicio por violencia de género durante el periodo analizado. Tampoco en el Juzgado de Menores de Santander se celebró ninguna vista por violencia sobre la mujer.

68 mujeres deciden no declarar contra su agresor

De las 579 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, el 61,5 por ciento fueron presentadas por la propia víctima; el 13 por ciento por un parte de lesiones remitido al juzgado; el 12,4 por ciento de esas denuncias llegó al órgano judicial a través de servicios asistenciales o terceros en general; el 8,6 por ciento por intervención policial y el 4,5 por ciento a través de familiares.

De las 554 mujeres que figuran como víctimas en las denuncias presentadas (421 españolas y 133 extranjeras), 64 se acogieron en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De ellas, 45 eran españolas y 19, extranjeras.

Ello supone que el 12 por ciento de las mujeres que figuran como víctimas en las denuncias presentadas en Cantabria tomaron esa decisión en los juzgados de violencia sobre la mujer, frente a un porcentaje del 9 por ciento que lo hicieron a nivel nacional.

Por otro lado, otras 4 mujeres –todas ellas, españolas- decidieron no declarar cuando fueron llamadas a testificar en juicio ante el Juzgado de lo Penal.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Suspensión de guarda y custodia y del régimen de visitas para proteger a los menores

A lo largo del tercer trimestre de este año, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 95 solicitudes para la adopción de órdenes y medidas de protección, de las que acordaron 63, el 66 por ciento.

Se encuadran en estas cifras las órdenes de protección y las medidas de protección y seguridad contempladas en el artículo 544 ter -conllevan medidas penales y civiles, y su adopción exige la presencia del presunto agresor-, y también las del artículo 544 bis -precepto que permite al juez adoptar una protección de carácter penal sin necesidad de tomar declaración al denunciado-.

Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 197 medidas judiciales encaminadas a la protección de las víctimas, tanto mujeres como menores. De ellas, 135 eran medidas de carácter penal y 62, de naturaleza civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (55), la prohibición de comunicación con ella (53) y la suspensión de tenencia y uso de armas (17). Además, en 4 ocasiones se prohibió volver al lugar de los hechos y en 2 se privó de libertad al detenido.

Por otro lado, entre las medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y los menores en tanto se resuelve el proceso penal, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (15) y con la atribución de la vivienda (12), así como las ya mencionadas de suspensión de régimen de visitas (15) y suspensión de la guarda y custodia (14).

Once menores tutelados víctimas de violencia

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (67), en otras 28 solicitudes se trataba de mujeres extranjeras.

Junto a ello, aparecen en las órdenes de protección solicitadas 11 menores de edad tutelados como víctimas de violencia de género.

En cuanto a los hombres denunciados que figuran en las órdenes de protección incoadas, 79 eran hombres españoles y 16 de fuera de nuestro país.

Al analizar la relación que existía entre denunciante y víctima en el momento de producirse la supuesta agresión, en 19 ocasiones eran matrimonio o lo habían sido, y en otras 76 tenían o habían tenido una relación afectiva.

En cuanto a los 11 menores que figuran como víctimas, cuatro de ellos se encontraban bajo la tutela, guarda o custodia del presunto agresor y de la víctima, mientras que los siete restantes solo estaban bajo tutela, guarda o custodia de la víctima.

La mayoría, delitos que conllevan de seis meses a un año de prisión

De julio a septiembre, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 599 asuntos penales.

De ellos, 205 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido, 15 fueron delitos leves y 2 se tramitaron como sumario. El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado -los procedimientos de instrucción más habituales-.

Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, la mayoría (227) responden a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.

Otros 128 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, en 2 ocasiones se tramitó procedimiento que responde al maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.

También se iniciaron 101 asuntos por quebrantamiento de condena, 70 por quebrantamiento de medidas cautelares, 40 por delito contra la libertad, 24 por delito contra la integridad moral, 4 contra la libertad e indemnidad sexual y 2 contra la intimidad y la propia imagen.

En cuanto a los procedimientos por delitos leves, 8 lo fueron por injurias y 5 por vejaciones injustas.

Además, las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género dieron lugar a la apertura de 34 procedimientos civiles, entre los que destacan 11 divorcios y 1 separación, 11 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos de parejas no casadas, 6 sobre modificación de medidas acordadas en sentencia y 5 sobre liquidación del régimen económico matrimonial.

Formas de terminación de las denuncias

Las denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer se instruyen y, como consecuencia de las diligencias practicadas, tienen diferentes formas de terminación.

El 18,6 por ciento de los asuntos concluyó con sentencia en el propio órgano –bien porque se trataba de un delito leve o bien porque, siendo el delito grave, el acusado se conformó con la condena solicitada por el fiscal-.

Estos juzgados dictaron un total de 83 sentencias, de las que 79 fueron condenatorias (73 previa conformidad del acusado) y 2 resultaron absolutorias.

Por otro lado, el 43 por ciento de los procedimientos que se tramitaron finalizó en sobreseimiento, bien libre (el 4,8 por ciento del total de procedimientos) o provisional (el 38,2 por ciento).

Hay que tener en cuenta que una gran parte de los casos en los que se produce el sobreseimiento provisional, como también ocurre con las sentencias que son absolutorias, responde a que la denunciante se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo.

En este sentido, cabe señalar que el 38,5 por ciento de las denuncias llegaron al juzgado por vías ajenas a la propia víctima: o por intervención policial, o por denuncia de un familiar, o por un parte de lesiones o por servicios asistenciales y terceros en general.

Elevación al órgano enjuiciador

Finalmente, el 16,9 por ciento de los procedimientos tramitados se elevó al órgano de enjuiciamiento competente –bien al Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander o bien a la Audiencia Provincial de Cantabria, en función de la gravedad del delito-.

Durante el periodo analizado, el citado Juzgado de lo Penal nº 5 dictó 84 sentencias, de las que 50 fueron condenatorias –en 15 ocasiones el acusado admitió los hechos y se conformó con la pena- y 34 resultaron absolutorias.

Por su parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la especializada en enjuiciar los asuntos más graves de violencia sobre la mujer, no celebró ningún juicio y, como órgano de apelación, recibió 12 recursos contra sentencias dictadas en el Juzgado de lo Penal nº 5 (por delitos menos graves).

Además, en el periodo analizado dictó 25 sentencias: en 21 de ellas desestimó las pretensiones del recurrente y en otras cuatro, las estimó.