Artículo 49 de la Constitución española: “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.”
Desde que se aprobara la constitución el 6 de diciembre de 1978 hasta hoy, 3 de diciembre de 2022, y pese a nuestras continuas peticiones, aún no se ha conseguido un consenso político para que las personas con discapacidad dejemos de ser tratados como “disminuidos” en la carta magna de nuestro estado – nación.
Las promesas de los políticos cada vez que visitan alguna institución ya suenan más a un anuncio de teletienda a las dos de la mañana que a una intención legítima de dignificar nuestro colectivo en la Constitución. Igual da la ideología y militancia de estos, como se puede demostrar con las últimas declaraciones en el XI Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE.
Esta situación choca frontalmente con lo que vemos en otros colectivos. Sería completamente impensable leer en cualquier ley la palabra “maricón” o “viejo” para referirse al colectivo LGBTIQ+, al que se le deja añadir las siglas que les plazca, o a las personas mayores.
Como en los icerberg, esto es solo la parte visible. Estas últimas semanas hemos asistido a un intento por parte del Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, de retirar parte de los incentivos a las personas con discapacidad. Por suerte y gracias a la presión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de ONCE se consiguió que, esta vez, la señora ministra rectificara y, además, se congratulara de dicha rectificación
Paralelamente, prosperan ayudas a otros colectivos. Las cuotas de contratación a mujeres, los puntos en procesos de oposición por ser mujer o la prioridad en el SEPE para las personas que pertenecen LGBTIQ+ son algunos ejemplos de cómo el Estado del Bienestar está colaborando con la inclusión de todos. Mientras, las personas con discapacidad sufren lo anteriormente mencionado.
Se podría ahondar en muchos más aspectos en los que la discapacidad afecta (dependiendo la persona y la discapacidad) y en cómo tanto los organismos públicos como la sociedad en general podrían ayudar aún más a facilitar la vida de estos. Sin ir más lejos, la deficiente red de transportes públicos de la región es una de las primeras quejas de muchas personas de este colectivo.
Pero esta tribuna no trata de enunciar todos los problemas, inabarcables por otra parte, del colectivo. Mi objetivo es mostrar cómo la política hasta la fecha solo ha reaccionado ante presiones, nunca por su propia mano. Por eso, hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, debemos recordar la necesidad de que todos sigamos juntos, reclamando todo lo que necesitemos. Si nosotros abandonamos ese espacio, otros lo ocuparan por nosotros. Seguimos.
