- A la movilización, que es a nivel estatal, están llamadas en Cantabria las 45 personas que componen la plantilla entre personal administrativo, inspectores y subinspectores
- En julio de 2021 se llegó a un acuerdo de mínimos con el Ministerio de Trabajo que, a día de hoy, 18 meses después, no se ha cumplido
El personal de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social irán a la huelga este miércoles, 21 de diciembre por el incumplimiento del acuerdo de mejoras que el Ministerio de Trabajo suscribió con la representación sindical el pasado mes de julio y que recogía medidas para paliar la deficiencia de personal y de recursos técnicos que sufre el organismo público que vigila el cumplimiento de la legislación laboral.
A la protesta, que es a nivel estatal y está convocada, entre otros sindicatos, por Comisiones Obreras (CCOO), están llamadas en Cantabria 45 personas, que es la plantilla de la región entre personal administrativo, inspectores y subinspectores.
Entre las carencias más significativas destacan las graves deficiencias de plantilla, especialmente en el personal técnico y administrativo, que ha perdido el 50% de sus efectivos en los últimos diez años y la falta de reconocimiento al esfuerzo que hace la plantilla existente, sin carrera profesional y sin el reconocimiento salarial que su esfuerzo les exige.
Además, destacan también las carencias de su estructura, de dirección, organizativa y de tipo técnico pues al configurarse el organismo autónomo con la Ley ordenadora del sistema de la Inspección, se perdieron todos los elementos de apoyo transversal que le solucionaba el propio Ministerio y se quedó sin elementos esenciales de gestión. Así, no tiene estructura financiera, ni estructura informática o de nuevas tecnologías y a nivel de gestión de personal se dan problemas similares.
Por otra parte, la huelga viene también motivada por la falta de medios técnicos, con el achatarramiento de una buena parte del parque informático existente, la falta de estructura y de dispositivo para atender las incidencias de ese parque y la privatización de tareas que pertenecen al núcleo central de actividad de la Inspección.
La huelga es la única vía que les ha quedado a los convocantes tras el acuerdo que alcanzaron el 7 de julio de 2021 y que se está incumpliendo, a pesar de que recogía medidas modestas pero capaces de construir un primer nivel de soluciones.
Así, ese acuerdo incluía el incremento inmediato de 500 efectivos a la plantilla técnico administrativa, el mantenimiento del ritmo de reposición de Inspectores/as y de Subinspectores/as, la creación de las unidades comprometidas en la norma Sección Sindical Estatal de Trabajo y Migraciones, la creación de la Subdirección General de Informática y los grupos de coordinación informática provinciales o el reconocimiento de todos los centros como unidades de atención al público, entre otros.
Sin embargo, 18 meses después no se ha aprobado ninguna de las medidas acordadas y el ministerio ha perdido completamente el control de la modificación y es el Ministerio de Hacienda y Función Pública el que gobierna la decisión.
La huelga está más que justificada y el compromiso de las organizaciones convocantes de esta huelga con la pelea abierta en la Inspección por la mejora del servicio público es clara porque es un problema de voluntad política. No es un problema de coste o de competencias porque hay presupuesto.
