- El proyecto no contempla presupuestos participativos vinculantes ni al Defensor del Pueblo Cántabro, como recoge el Estatuto de Autonomía
Izquierda Unida ha lamentado que la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria “vaya a nacer muerta”, dado que “resulta insuficiente, ineficaz y sin obligaciones por parte de la Administración”.
Así se ha manifestado el coordinador general y candidato al Parlamento de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, tras las alegaciones presentadas en la última semana, dentro del plazo habilitado, y calificando la labor del gobierno de “decepcionante” en esta materia.
El líder de IU ha explicado que los mecanismos de participación son “casi inexistentes” en la administración autonómica de Cantabria, y en la mayoría de los ayuntamientos de la autonomía y “este proyecto de Ley no resuelve esas carencias”.
IU realizó aportaciones previas al anteproyecto de Ley en abril de 2021, como el desarrollo del Defensor del Pueblo Cántabro, una figura recogida en el Estatuto de Autonomía de Cantabria y que el Gobierno no ha incluido.
“La propuesta de la Consejería de Presidencia llega al Parlamento- el órgano legislativo- renunciando a su propia competencia, como es la de establecer normativa que deban desarrollar tanto la Administración de la Comunidad como las Entidades locales”, ha incidido. “Figuras como los concejos ni están ni se esperan”, ha añadido.
En su escrito enviado a la Consejería dirigida por la regionalista Paula Fernández, IU se refiere a la “falta de voluntad” de aprender de otras normativas, como la asturiana o aragonesa, entre otras, donde ambas comunidades desarrollan más canales de participación y establecen más facilidades para que la población pueda ejercer sus derechos.
En este sentido, IU ha propuesto la denominación de ‘Ley de Participación Democrática’, “a pesar de las notables ausencias del texto”, como la democratización de los Consejos Autonómicos –Económico y Social, Mujer, Juventud, etc.- para dotarlos de “independencia política, así como de autonomía financiera y capacidad de contratación, según la normativa vigente”.
Tampoco establece mecanismos de formación en participación en los asuntos públicos. “Este aspecto es fundamental para promover la participación en los sectores de la población que menos lo hacen, como mujeres, juventud, gente de núcleos poco habitados o migrantes”, subraya.
El proyecto de Ley tampoco contempla que los presupuestos participativos o las Iniciativas Legislativas Populares, que sí aparecen, sean vinculantes para los gobiernos y “quedan al albur del político de turno que incluso puede dejar caer con el mero silencio administrativo o una justificación poco razonada”.
Finalmente, Ruiz Salmón espera que los partidos que forman parte del gobierno “sean consciente de la oportunidad que pierden los cántabros si no se mejora el texto y se brinda de canales informativos, formativos y de tramitación accesibles a la gente”.
