- “La mayoría de transferencias a los municipios son para el desarrollo de políticas autonómicas, sin que se pueda descartar clientelismo por ello”
- IU organiza una jornada para recabar propuestas de los movimientos sociales para su programa electoral municipal
Izquierda Unida propondrá en el Parlamento de Cantabria una Ley para que las entidades locales participen de los ingresos de la Comunidad “sin condicionamientos”.
Así lo han defendido los candidatos de Izquierda Unida al Parlamento de Cantabria, Israel Ruiz Salmón y Carmen Martín, en el segundo encuentro municipalista que la formación está desarrollando en diciembre de cara a los comicios de mayo de 2023.
Este sábado, IU ha recabado las ideas y experiencias de militantes y colectivos sociales para plasmar en las decenas de programas municipales que presentarán. Allí, han explicado que Cantabria “tiene una tarea pendiente” con la financiación de los municipios, haciéndoles partícipes de los ingresos de la Comunidad “más allá de las partidas que hay ahora y que, en su mayoría, están destinadas a que las entidades locales desarrollen objetivos de la comunidad, pero no a competencias y decisiones propias”.
Ambos han urgido a abordar la financiación de los ayuntamientos y entidades locales para evitar que estén “ahogados” por la poca capacidad para conseguir ingresos y el “incesante” aumento de los servicios que tienen que prestar al ser “la administración más cercana, la primera a la que se dirige la ciudadanía”.
Por ello, plantean que, al igual que Castilla y León y Andalucía, Cantabria cuente con una norma que regule la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas (comúnmente conocido como PICAs) y que las transferencias sean incondicionadas, automáticas y previsibles al depender de la evolución de los tributos de la administración pagadora.
“Menos del 10% de las transferencias a ayuntamientos por parte de la Comunidad son incondicionadas, por lo que el montante mayoritario está sujeto al desarrollo de políticas autonómicas desde los ayuntamientos, sin que se pueda descartar un importante clientelismo por ello”, afirman. “Esto, impide parcialmente el derecho de las entidades locales a tener financiación suficiente para desarrollar sus propias competencias, tal y como dicta el artículo 142 de la Constitución Española”, han añadido.
“Es hora ya de que se reconozca la participación de los entes locales en la provisión de servicios públicos a la población y que se haga en plano de igualdad con los demás niveles de la Administración, haciendo efectiva la autonomía municipal reconocida constitucionalmente y en las que las transferencias incondicionadas deberían representar, al menos, el 1% del PIB de Cantabria”, manifestaban Israel Ruiz Salmón y Carmen Martín.
DEROGACIÓN DE LEYES “TAPÓN” Y AUMENTO DE RECURSOS
Desde IU también han propuesto acabar con los “tapones” legislativos de ámbito estatal que impiden a los municipios y entidades locales prestar servicios y protección social “en condiciones” a su población.
“El austericidio impuesto por el PP tuvo muchas caras y consecuencias que aún sufrimos y, entre ellas, se encuentra el bloqueo desde el Estado a la posibilidad de que los ayuntamientos tuvieran ingresos para prestar servicios”, ha manifestado Israel Ruiz Salmón. “La derecha neoliberal no sólo quiso no prestar servicios públicos, sino también impedir que otras instituciones los desarrollasen y es una tarea pendiente que corregir”, remachaba Carmen Martín.
En este sentido, abogan por la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y la creación de una nueva ley sobre Competencias y Financiación local que establezca con claridad el cuadro de competencias a ejercer y, en consecuencia, a financiar, en aplicación de los principios de autonomía política y financiera de los Entes Locales.
En la misma línea, reclaman la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que obliga a los ayuntamientos a registrar equilibrio presupuestario, impide incurrir en crecimiento del gasto y de la inversión y obliga a usar los posibles superávits solo para devolver deuda.
Asimismo, plantean establecer un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios, apostando por la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, independientemente del lugar del país donde residan.
Se trata, en definitiva, de impulsar un nuevo marco de financiación desde el Estado y las Comunidades Autónomas que incluya un incremento en la participación en los ingresos generales del Estado hasta alcanzar el 2,5% del PIB en la próxima legislatura (8.000 millones más al año) y la aprobación de nuevos criterios de distribución procedentes de la participación en los ingresos generales del Estado, ya que los actuales están ligados casi exclusivamente a la población.
