- Desde la formación política consideran que el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana “es un texto vacío que no amplía el derecho a la participación social” y plantean al Gobierno de Cantabria “una modificación profunda con medidas que le doten de sentido y que ya son de aplicación en otras CCAA”
Cantabristas ha presentado una serie de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria, donde plantean modificaciones del texto para“llenar de contenido y dar sentido a una propuesta del ejecutivo que se aleja mucho de lo que cabría esperar de una norma que busca fomentar la participación”. Desde la formación política han criticado que el anteproyecto, en lugar de fomentar la participación, establece “una serie de mecanismos deliberadamente limitados y restrictivos para permitir que los poderes públicos puedan esquivar los cauces de la participación siempre que quieran”.
Un reflejo de esa “nula voluntad del Gobierno de Cantabria por favorecer y estimular la participación social”, explican desde Cantabristas, es el “injustificado silencio administrativo negativo establecido en este anteproyecto de ley”, que se traduce en que cualquier iniciativa de participación puede ser rechazada sin que las instituciones deban siquiera explicar o argumentar por qué lo hacen, bastando con no emitir ningún dictamen sobre el mismo para descartarlo por completo. Esto, además de “alejarse del sentido común al definir la participación en términos totalmente restrictivos y sin importancia”, se aleja radicalmente de las previsiones normativas que a este efecto han desarrollado otras comunidades autónomas.
Por su parte, la formación cantabrista se declara “firmemente comprometida con los valores democráticos de la participación social” y creen que hay que “profundizar y mejorar nuestra cultura democrática para avanzar hacia modelos más saludables en los que la distancia entre representantes y representados no sea una brecha de obscenas dimensiones”. Por eso, desde Cantabristas proponen modificaciones como incluir la posibilidad de convocar consultas en el ámbito autonómico y local, establecer un marco jurídico que permita y facilite la gestión compartida y la autogestión de determinados espacios públicos y crear herramientas que faciliten la participación social en las instituciones autonómicas, como el Parlamento, que permitan la presentación de propuestas y preguntas facilitando los trámites y apostando por un modelo de participación más directo, útil y eficaz.
